No hay impedimentos jurídicos para dar a las autonomías los 4.500 millones correspondientes a entregas a cuenta, asegura el catedrático en Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal Prado, que subraya que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando “despachos ordinarios de asuntos públicos”, tal como contempla el articulo 21 de la ley del Gobierno, y repartir las cantidades presupuestadas. Leer
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